Litigando estratégicamente los casos de violencia hacia las mujeres en política en América Latina

Por Comunicaciones Cepaz La Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos (CIM-OEA) y ONU Mujeres realizaron un conversatorio virtual para la presentación del documento Estándares de protección de derechos humanos de las mujeres: Herramientas necesarias para la defensa de su participación política, sobre los estándares para la litigación estratégica en los casos […]


Avatar - Publicado por: Comunicaciones CEPAZ, el 23 agosto, 2020

Por Comunicaciones Cepaz

La Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos (CIM-OEA) y ONU Mujeres realizaron un conversatorio virtual para la presentación del documento Estándares de protección de derechos humanos de las mujeres: Herramientas necesarias para la defensa de su participación política, sobre los estándares para la litigación estratégica en los casos de violencia de género y en la política en la región.

El conversatorio contó con la participación de Luz Patricia Mejía Guerrero, secretaria técnica del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI y especialista principal de la CIM-OEA; Paula Narváez, asesora en gobernanza y participación política de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe; Mónica Aralí Soto Fregoso, magistrada electoral  del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de México; Paula Barrios, coordinadora General de Mujeres Transformando el Mundo de Guatemala, y Arsenio Cores, abogado de derechos humanos, aliado de la defensa de las mujeres y colaborador en la creación del documento.

Paula Narváez advirtió que la participación política es representada por el 30.9% de las mujeres y el 69,1% de los hombres en América Latina, es decir, existen grupos muy importantes que no están siendo representados, según las necesidades de la población.

Herramienta para el litigio

Luz Patricia Mejía comentó que el documento es una herramienta para el litigio y la defensa de los derechos, proporcionando la información necesaria para comprender los patrones; el funcionamiento y los espacios en los que están presentes la violencia de género y política.

Señaló que las mujeres deben realizar las denuncias de violencia política en el área penal, civil y constitucional. Mediante la herramienta, se pueden identificar las obligaciones convencionales, los deberes de la protección y la prevención del Estado.

Arsenio Cores indicó que se realizó una investigación en 140-150 sentencias y en cada una de ellas eran determinantes los estereotipos y el prejuicio de género. Resaltó la numerosa cantidad de casos presentados en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW).

Cores resaltó que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene menos sentencias que la Corte IDH en materia de violencia de género.  

Violencia política

Paula Barrios indicó que se debe garantizar que no se repitan los hechos explicados en las sentencias. En la violencia política se observa la discriminación y el acoso hacia las mujeres que se encuentran en esos espacios, así como hacia las magistradas, las abogadas y las juezas en ejercicio, lo que atenta la salud mental de las mujeres en la vida pública, especialmente quienes ocupan un cargo.

Barrios señaló que se hizo una recolección de los casos con más de 30 años, los cuales fueron analizados, aplicando la sentencia internacional actual, los estándares nuevos y se realizó el ejercicio de la justicia simbólica sobre los mecanismos probatorios en relación al acceso a la justicia y la visibilización de las víctimas.

Mónica Soto manifestó que es resaltante el hilo conductor, teniendo las mujeres que estar alertas constantemente en relación a la violencia de género y sus distintas maneras de presentarse en el mundo. Destacó que existen pocas sentencias de la violencia política.

Acceso a la justicia con perspectiva de género

Actualmente, la mujer posee la información necesaria para saber los tribunales y los entes gubernamentales a los que debe acudir para denunciar. Se han identificado los obstáculos institucionales de la cultura patriarcal que impide el debido ejercicio y el acceso a la justicia, con la perspectiva de género.

En el proceso, se ha aprendido a juzgar sin los estereotipos con una interpretación garantista de la norma enmarcada en la convencionalidad para un mayor acceso y con nuevas estrategias. Aunque aún hay barreras en el área pública para poder acceder en la política sin ser victimizadas, se han identificado diversos elementos como la presunción de veracidad, los estereotipos y el hecho de género, es decir, el impacto diferenciado sobre las mujeres.

Arsenio Cores manifestó que el tema probatorio en los casos de violencia y esclavitud sexual con duración de 30 años, son poco creíbles y juzgadas en los tribunales sin la aplicación de los métodos científicos en la sede judicial. En consecuencia, se requiere que la valoración jurídica esté enmarcada en un análisis estructurado con la perspectiva de género e intercultural, las edades, el nivel de educación formal, entre otros.

Paula Barrios expresó que en los casos de la justicia cotidiana de violencia sexual, la prueba está en el cuerpo y no en el testimonio, teniendo que realizarse un examen médico forense para determinar el hecho. Esto, trae un vacío legal e impunidad en medio de la violencia que no es registrada en el cuerpo; la estrategia más allá del ámbito legal, debe ser en el aspecto político y comunicacional.

Hoy en día, las estrategias son aplicadas por las mujeres que están en el ámbito político para visibilizar la violencia realizada. Se debe promover un modelo de Estado inclusivo sobre los derechos políticos de las mujeres que garantice y posea una normativa mediante el fortalecimiento de los mecanismos de la participación política y el litigio estratégico.

Menos discursos y más sentencias

Mónica Soto coincidió que se están encontrando los puntos clave para el abordaje de la violencia, de forma transversal, e invitó a tener menos discursos y más sentencias en las instituciones.

Para las víctimas, el acompañamiento de otras mujeres y los hombres ha sido un avance para el proceso en la violencia de género. En México, se creó el registro nacional de las personas violentadoras en la materia electoral, como una medida valiosa contra la violencia política, siendo determinadas por las sentencias firmes con la causa.

Comentó que no se necesita un método científico rígido, en cambio, el sistema judicial debe orientarse en el análisis de género para detectar las categorías sospechosas para reflexionar en el impacto del entorno político, incluso en las redes sociales.

Todos los estándares de violencia contra las mujeres son aplicables en la violencia política y aún más, con el apoyo del documento realizado por la CIM-OEA y ONU Mujeres, ofreciendo las herramientas estratégicas en los casos del ámbito político.


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