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Venezuela: ¿Un Estado femicida?

Recientemente, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) realizó una alerta de femicidios, donde señaló que en los primeros 7 días de abril de 2022 se documentaron 7 femicidios consumados y 3 frustrados, es decir, un femicidio cada 17 horas.


- Publicado por: Verónica Colina, el 3 junio, 2022
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Por: Verónica Colina Rivas, coordinadora de Redes de Mujeres y Alianzas del Centro de Justicia y Paz (Cepaz)

En los medios de comunicación, el aumento de la violencia basada en género se ha logrado evidenciar en las noticias documentadas de distintos estados del país.

Recientemente, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) realizó una alerta de femicidios, donde señaló que en los primeros 7 días de abril de 2022 se documentaron 7 femicidios consumados y 3 frustrados, es decir, un femicidio cada 17 horas. Durante el primer trimestre de 2022 ocurrieron 62 femicidios consumados, con 1 acción femicida cada 26 horas, 23 niños quedaron huérfanos y tres de ellos, presenciaron los hechos violentos.

Al revisar los tres meses transcurridos, logramos observar que en enero quedaron 7 niños huérfanos, en febrero, 9 y en marzo, 7. De allí podemos analizar uno de los fenómenos asociados que se denuncian desde Cepaz, los niños y niñas huérfanos, y nos preguntamos: ¿Qué ocurre con ellos? ¿Existen las políticas públicas necesarias para la atención de los niños y niñas? ¿Se les presta apoyo psicológico a ellos, especialmente a quienes presenciaron la muerte de su madre?, muchas interrogantes por responder y pocas respuestas.

Además, de la revisión realizada se observó que de los 62 femicidios consumados en Venezuela, en ninguno de los casos hubo referencia a la denuncia previa, para que de esta forma, si el Estado actuaba correctamente en el proceso de denuncia, se evitara el femicidio.

El anterior comentario podría estar relacionado en que las víctimas de violencia ya no desean denunciar por las causas mencionadas y por la ausencia de respuesta de las instituciones públicas en los casos, siendo el reflejo el aumento de los femicidios en Venezuela.

A su vez, en enero de 2021 ocurrieron 18 femicidios, 2 menos que en el 2022. En febrero, ocurrieron 22, 1 menos que en el año actual y en marzo, vemos que hubo 20, a diferencia de 21 en el 2022. Esto, refleja que la situación de violencia contra las mujeres y los femicidios han aumentado, por lo que se ve acentuada la necesidad de políticas públicas efectivas con perspectiva de género para que realmente exista la disminución de los casos, la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Las razones de los aumentos de femicidios se reflejan en la ausencia de políticas públicas contundentes, el desconocimiento sobre la existencia de las casas de abrigo, la desconfianza en el sistema judicial venezolano, la impunidad, la violencia institucional y por supuesto, una problemática cultural y estructural, donde un mensaje de inacción del Estado impacta en dicho aumento, al no sancionar a los agresores y femicidas.

En cada estado de Venezuela existe un contexto totalmente diferente, donde influye la situación de violencia de forma desproporcionada, el narcotráfico, la minería, las entradas compartidas en las fronteras, los conflictos armados, la economía, entre otros contextos que marcan también cada uno de los femicidios que ocurren en el país.

A pesar de eso, podríamos pensar que Venezuela es el único Estado femicida por el debilitamiento institucional y democrático existente, pero no es así. También hay otros países con una alta tasa de femicidios. Que se ven impactados por los distintos contextos de cada uno de ellos, sea el narcotráfico, la impunidad, la trata y el tráfico de las mujeres, la explotación sexual, entre otros.

Sin embargo, los Estados se han comprometido en diferentes convenios y tratados sobre los derechos humanos de las mujeres. Algunos de los tratados son la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) y la Convención Belem Do Pará, con el objetivo que garanticen el derecho a una vida libre de violencia para ellas, la educación, trabajos dignos, la participación política en espacios de tomas de decisión, entre otros.

Venezuela ratificó diversos tratados en la materia y gracias a ello, la sociedad civil ha denunciado en instancias internacionales la situación actual de las mujeres en el país. Ya que muchas de las acciones mencionadas constituyen violaciones de derechos humanos, y la discriminación, la violencia y la falta de dignidad humana, forman parte de la vida de todas las mujeres.

Además, el país cuenta con la Ley sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia promovida en 2007 y con reformas en 2014 y 2022, donde se señaló qué es la violencia contra la mujer y sus tipos: física, sexual, psicológica, laboral, económico, patrimonial, entre otras, tanto en el ámbito privado como público.

En 2014, la ley tuvo una primera reforma que incluyó algunas mejoras, como la inclusión del femicidio y la inducción al suicidio como un tipo penal específico. Luego, la reforma de 2021 promovió la inclusión de otros tipos de violencia como la informática, ginecológica, multicausal, política, y se añadió el enfoque de género, feminista, derechos humanos, intercultural, integral, generacional e interseccional.

A su vez, la sociedad civil expresó su preocupación por la eliminación del reconocimiento sobre la Convención Belem do Pará en el artículo 5, lo cual evidencia la voluntad estatal de desenmarcarse del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, representando una regresividad en los derechos humanos de las mujeres.

De igual forma, el Estado venezolano continúa sin incluir la responsabilidad penal que tiene, si existe ausencia de protección y garantías en el acceso a la justicia, en los casos de femicidios.

Tal reforma no es ni ha sido suficiente para el cumplimiento de la misma. Pues si bien se cuenta con una ley y el reconocimiento del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, ellas se continúan enfrentando a la revictimización de los funcionarios, ya sea por una práctica reiterada o desconocimiento de la ley.

Ante un problema como la violencia contra las mujeres y la inacción del Estado venezolano, la sociedad civil continua movilizándose y promoviendo acciones en concreto, como lo es en el caso de la ausencia de información oficial desde 2014, donde las organizaciones y los medios de comunicación documentan los casos de violencia contra las mujeres y los femicidios en el país.

Por ello el fortalecimiento de capacidades de la sociedad civil continúa siendo esencial, mediante la réplica de información y de esta forma, capacitar a la población, especialmente a los funcionarios, documentar los hechos violentos y realizar incidencia, tanto a nivel nacional como internacional, con iniciativas creativas como los documentales, los llamados a la acción, galerías, el teatro, música, jornadas sociales para visibilizar los servicios de atención para víctimas en lugares públicos, entre otros.

De igual forma, elevar el conocimiento y las herramientas mediante los medios de comunicación, como la radio y las redes sociales, para llegar a otras personas y visibilizar la situación actual, así como los servicios que tienen las ONG.

Para finalizar, la articulación intergeneracional en el movimiento feminista y en todos los espacios de participación de las mujeres podrá crear un mayor impacto para favorecer los derechos humanos y la incidencia que se requiere realizar, como también el fortalecimiento de capacidades a personas y ONG en estados donde no existen tantas posibilidades de apoyo para las víctimas de violencia en estados como Sucre, Cojedes, Trujillo, entre otros.

Referencias

 

Un aporte en el marco de la 2da Edición del Diplomado Digital de Liderazgo en Inclusión Social y Acceso a Derechos promovido por la Organización de los Estados Americanos (OEA).


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