Informe “Mujeres privadas de la libertad en Venezuela: Las voces de las mujeres detrás de las rejas”

El informe detalla que Venezuela cuenta con 17 espacios para mujeres privadas de libertad, de estos sólo uno de ellos: el Instituto Nacional de Orientación Femenina, conocido como el INOF, fue diseñado con el propósito de albergar mujeres privadas de la libertad con un enfoque diferenciado.


- Publicado por: Red Naranja Venezuela, el 22 junio, 2021
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Por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

La principal motivación del “Informe Mujeres privadas de la libertad en Venezuela, Las voces de las mujeres detrás de las rejas” es exponer un panorama que permita visibilizar y sensibilizar el contexto de privación de libertad en el que permanecen las mujeres y adolescentes en Venezuela, y de esta forma, exigir el efectivo cumplimiento de sus derechos humanos acompañado con la necesaria incorporación de un análisis bajo la perspectiva de género que permita implementar las medidas y mecanismos necesarios para la protección de la vida y dignidad personal de las mujeres privadas de libertad.

En el presente informe se realizaron diferentes entrevistas, dentro de ellas logramos realizar 106 entrevistas, entre ellas se entrevistaron a 65 mujeres, adolescentes privadas de la libertad y ex-reclusas, 14 familiares, 16 abogados, abogadas y personas que trabajan con mujeres privadas de la libertad y 11 coordinadores del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). Asimismo, cada una de la información suministrada fue expuesta en los capítulos del informe, los cuales dividimos en la vida antes, la cual incluyó un perfil sociodemográfico, durante y después de la detención. En el informe detallamos las respuestas de las mujeres privadas de la libertad sobre preguntas relativas al estado civil, orientación sexual, circunstancias antes de ser privadas de la libertad, el delito imputado, maternidad, nivel educativo, entre otras. Durante la detención decidimos conocer sus condiciones, se le preguntó sobre el acceso a la salud, alimentación, atención médica, incluida la salud sexual y reproductiva, incluido el acceso a productos de aseo personal como toallas sanitarias, el acceso agua. A través de los testimonios de las mujeres y las adolescentes pudimos obtener información sobre la realidad penitenciaria femenina, con un sistema penitenciario claramente marcado por la desidia, la indiferencia y la corrupción, las violaciones a los derechos humanos y las violencias en contra de la mujer desde sus propias experiencias.

El informe también detallada las obligaciones internacionales en materia de protección de las mujeres privadas de la libertad, incluida la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación en Contra de la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (1994), también conocida como la Convención de Belém do Pará. En lo que respecta a las personas privadas de la libertad, se detallan alguna normativa específica para mujeres privadas de la libertad de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, mejor conocidas como Reglas Nelson Mandela y las Reglas de Bangkok, de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes, del 2010.

Destacamos que, a nivel nacional, las mujeres en detención no cuentan con leyes que incorporen una perspectiva de género, ya que la mayoría de las normativas giran en torno a las necesidades de los hombres, de tal manera que, no han sido atendidas ni adaptadas a las necesidades específicas de las mujeres. Resaltando que, a nivel general la normativa venezolana establece atención médica especializada durante la gestación, parto y lactancia, así como la obligación de otorgarles artículos de aseo personal, sin detallar las necesidades específicas de las mujeres.

El informe detalla que Venezuela cuenta con 17 espacios para mujeres privadas de libertad, de estos sólo uno de ellos: el Instituto Nacional de Orientación Femenina, conocido como el INOF, fue diseñado con el propósito de albergar mujeres privadas de la libertad con un enfoque diferenciado.

El resto de los centros son anexos de los internados de reclusión masculinos, caracterizados por la improvisación y la falta de adecuación necesaria a los estándares mínimos de reclusión. Los espacios anteriormente mencionados no incluyen los centros de detención preventiva (calabozos), los cuales, a pesar de ser espacios para permanecer por no más de 48 horas contrarían la normativa nacional albergando mujeres por un periodo prolongado, que incluso, supera el año. Del informe se desprende que las mujeres en prisión en Venezuela representan el 6.2 % del total y mientras que el porcentaje de hombres representa el 93.8%. Lo cual no es diferente al porcentaje de mujeres privadas de la libertad a nivel mundial. Adicionalmente el informe señala que las mujeres se encuentran en situación de hacinamiento, en primer lugar, porque los establecimientos penitenciarios cuentan con más mujeres que plazas disponibles. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) a pesar de tener una capacidad instalada de 350 plazas cuenta con una población reclusa de 533 mujeres para el primer trimestre del 2021. Esto representa un hacinamiento del 152,2% lo que corresponde a sobrepoblación superior al 40%. Adicionalmente, la falta de espacios adecuados para albergar mujeres, reconociendo que los centros de privación de la libertad de las mujeres no cuentan con infraestructura idónea ni diferenciada para ellas, sino que se tratan de anexos improvisados en los centros carcelarios masculinos.

Del análisis de las encuestas realizadas encontramos que el perfil de las mujeres en prisión comparte rasgos y circunstancias asociadas a los roles asignados a la mujer de labores de cuidado y como pilares del hogar. Además, la mayoría de las mujeres encuestadas que llegaron a entrar en contacto con el sistema penitenciario son mujeres de ingresos económicos bajos, en situaciones laborales precarias, es decir, con empleos informales, mal remunerados y sin seguridad laboral. Algunas también fueron víctimas de algún tipo de violencia, ya sea en hechos asociados con acoso, hostigamiento o agresión de carácter sexual, por parte de familiares o terceros. Sobre su nivel educativo, la mayoría de ellas tienen educación básica de primaria, pocas de ellas cuentan con estudios superiores o incluso el bachiller. Aunado a lo anterior, el 68.8% de ellas reportó ser madre. De forma preocupante, confirmamos que son las mujeres las encargadas de realizar labores de cuidado, y la crianza de los hijos e hijas. De las mujeres entrevistadas, el 24.4% respondió que sus hijos habían quedado a cargo de un familiar cercano, solamente el 11.1% respondió que sus hijos habían quedado a cargo de su pareja y 2.2 % a cargo de su padre. De igual forma, la situación de las mujeres privadas de libertad con respecto a la comisión de actos penados por la ley, demuestra que 40% de las mujeres privadas de libertad habrían cometido delitos contra la propiedad, 32% delitos contra la salud y 28% delitos contra las personas.

De igual modo, indagamos sobre las condiciones en detención, las cuales resultaron contrarias a estándares internacionales en la materia de personas privadas de la libertad. Una evidencia de ello fue que al consultar con las mujeres privadas de la libertad con cuantas mujeres compartía la celda, los resultados son desafortunados, solo 18.8% de las mujeres compartía con una o dos la celda, mientras que más del 75% de ellas compartía la celda con más de 5 o 10 mujeres y 7.8% comparte la celda con más de 20 mujeres. Sobre la situación de salud, consultamos con las mujeres privadas de la libertad dos situaciones particulares y estas fueron sus respuestas. Más del 60% de las mujeres encuestadas tiene acceso esporádico al agua en detención. El cual es básico e indispensable para la higiene personal y menstrual de la mujer. En el caso de las instalaciones, más del 70% de las mujeres entrevistadas las calificó como malas e insalubres. En el caso de acceso a los alimentos, 48 las mujeres encuestadas identifican que dependen de un familiar para poder comer, 34 de ellas obtiene los alimentos en la cárcel, 10 de ellas señalaron depender de compañeras en prisión, 3 de ellas no tiene quien les provea los alimentos y 1 de ellas declara que su pareja les lleva sus alimentos. Les preguntamos también sobre atención médica y salud sexual y reproductiva, sobre esto la mayoría de las mujeres privadas de la libertad identificó que no ha visto o ha sido visitada por personal médico desde su detención en un 64.6%, solo un 35.4% fue visitado por personal médico, desconocemos la periodicidad de este servicio. Sobre los servicios ginecobstetra en detención, 45 mujeres de las 65 entrevistadas señalaron que no han obtenido servicios de salud específicos para la mujer, mientras que solo 20 de ellas respondieron que tuvieron acceso a una ginecóloga en detención. De un grupo de mujeres entrevistadas, indicaron que la atención médica fue canalizada a través de una ONG. Sobre el acceso a toallas sanitarias, la mayoría de ellas dependen de sus familiares para obtener productos de aseo personal, otras de compañeras de la prisión, algunas dependen de donaciones de ONGs o iglesias, y muy pocas reportan obtenerlas de parte del personal en prisión. Sobre las visitas, las mujeres encuestadas identificaron que la mayoría de las visitas que reciben son de sus madres, posteriormente un familiar cercano, luego sus hijos o hijas, una de su pareja, otra de su padre y a algunas no las visita nadie. Consultamos también con los familiares de las mujeres privadas de la libertad identificaron los retos que tienen para poder visitarlas, comenzando por  l costo económico, en segundo lugar, la distancia. Indagamos sobre temas de discriminación y violencia sexual, e identificamos que las mujeres en detención son víctimas de violencia sexual, la cual es conocida, aceptada y tolerada por el personal de custodia. Nos informaron que custodios masculinos y femeninos, ofrecían atención médica a cambio de relaciones sexuales, eran amenazadas de forma constante, que si no accedía a tener relaciones sexuales no tendrían acceso al agua por ejemplo.

Es por ello que, los sistemas de justicia penal deben incorporar un análisis con perspectiva de género que vea a las mujeres privadas de libertad como una población con necesidades diferenciadas que deben ser atendidas. Como analizamos anteriormente, las mujeres no representan, en su mayoría, un riesgo para la sociedad y, en cambio, su encarcelamiento tiene consecuencias dramáticas para ellas, sus familias y la sociedad.

Extraido del Informe – Mujeres privadas de la libertad en Venezuela. Las voces de las mujeres detrás de las rejas realizado por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP)

Puede leer el informe completo aquí


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