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Mientras en Venezuela, el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, pregona haber alcanzado la cifra de más de treinta y un mil Consejos feministas registrados como estrategia partidista de cara a las elecciones del proximo año, se guardan como secreto de Estado los datos relativos a partos atendidos en el país, con las estadísticas asociadas de mortalidad materna e infantil, embarazo adolescente, entre otras.
A pesar de lo que piense el gobierno oficialista, las estadísticas de salud pública son la única forma de medir logros y determinar los desafíos pendientes, para garantizar verdadera protección social al pueblo. Los discursos populistas y las promesas de empoderamiento chocan con la realidad a la que se enfrentan las mujeres, niñas y adolescentes embarazadas. En 2016, el panorama conocido cuando la tasa de mortalidad materna alcanzó 65 por ciento, la mortalidad infantil fue de 30 de cada 100 neonatos.
A esto se suma que, según la Encuesta Nacional de Hospitales 2022, realizada por médicos venezolanos organizados, más del 40% de los centros reportaron hurtos o robos, dentro de las instalaciones. Esto afecta no sólo al personal de salud, sino a pacientes y sus familiares.
Además, el promedio de desabastecimiento en las emergencias hospitalarias es de 45% y en los quirófanos 70%, lo que lleva a la otra arista de la realidad maternoinfantil, la de los insumos médicos requeridos pre y post parto y que generalmente no están disponibles en los centros de atención. A pesar del auge que ha tenido el nuevo negocio militar con las farmacias móviles del Sistema Unificado de Atención Farmacéutica (SUAF).
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