Amnistía visibiliza realidad de mujeres, niñas y adolescentes venezolanas en el 2022

El Ministerio Público anunció que había 72 oficinas fiscales en todo el país especializadas en la investigación penal en materia de violencia de género.


- Publicado por: Red Naranja Venezuela, el 1 abril, 2022
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Por: Amnistía Venezuela

Informe 2021/22 de Amnistía Internacional: La situación de los derechos humanos en el mundo detalla cómo, dos años después de empezar la pandemia, las Américas sigue siendo la región con más muertes causadas por la COVID-19, en gran parte debido al acceso limitado y desigual a la atención sanitaria, a sistemas de salud pública con financiación insuficiente, y a políticas y medidas de protección social inadecuadas para las comunidades marginadas. La impunidad por violaciones graves de derechos humanos y crímenes de derecho internacional sigue siendo motivo de gran preocupación en más de la mitad de los países de la región, al mismo tiempo que han aumentado los ataques contra la independencia judicial.

La violencia de género sigue siendo uno de los principales motivos de preocupación en toda la región, donde las medidas para proteger a las mujeres y las niñas son insuficientes, y las investigaciones sobre la violencia de género intrafamiliar, las violaciones y los feminicidios fueron a menudo deficientes.

En Venezuela

El Ministerio Público anunció que había 72 oficinas fiscales en todo el país especializadas en la investigación penal en materia de violencia de género.

Las ONG locales siguieron denunciando que fiscales, jueces, agentes policiales y otras autoridades continuaban teniendo una mala preparación para proteger los derechos de las mujeres, y éstas a menudo sufrían revictimización a causa de la violencia institucional.

La falta de datos oficiales detallados hacía difícil evaluar la situación de la violencia de género, pero el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) documentó que se habían cometido 235 feminicidios en el país entre enero y octubre.

Cepaz criticó la falta de protección estatal para las sobrevivientes de cáncer de mama, un apoyo que la CIDH había solicitado en 2020.

Derechos sexuales y reproductivos

Continua preocupando la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Los elevados precios y las restricciones relacionadas con la pandemia impedían acceder a los servicios de contracepción.

El Fondo de Población de la ONU llevó a cabo actividades en algunas comunidades para ayudar a reducir la mortalidad materna y facilitar el acceso a anticonceptivos.

Además, Vannesa Rosales, defensora de los derechos humanos del estado Mérida —detenida arbitrariamente en octubre de 2020 por proporcionar a una niña de 13 de años, embarazada a consecuencia de una violación, información sobre procedimientos para interrumpir el embarazo—, quedó en libertad el 21 de julio después de permanecer detenida nueve meses, seis de ellos bajo arresto domiciliario.

La CIDH instó a Venezuela a eliminar los obstáculos que impedían el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva y a revisar su restrictiva legislación en materia de aborto.

Lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales (LBTI)

No existían legislación ni políticas públicas que garantizaran los derechos de las personas LGBTI. La CIDH pidió al gobierno que adoptara medidas eficaces para reconocer sus derechos y poner fin a la discriminación, la violencia y las situaciones de vulnerabilidad a las que estaban expuestas.


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